El lunes, un tribunal de apelaciones estatal revocó la decisión de excluir al condado de San Diego de una demanda relacionada con un ex agente penitenciario que manoseó a una adolescente y utilizó los registros del sheriff para acceder a la información personal de la joven.
En 2024, un juez determinó que el condado de San Diego no era responsable de la violación de la privacidad de la menor, ya que el agente Timothy Wilson no accedió a la información de la joven en el ejercicio de sus funciones laborales, sino por motivos personales.
Wilson, quien manoseó a la adolescente —que entonces tenía 14 años— en 2018 mientras estaba fuera de servicio en un restaurante de comida rápida de Vista, accedió posteriormente a la información personal de la joven; datos que habían sido facilitados a los funcionarios del sheriff como parte de la investigación sobre el incidente de agresión, según el fallo de apelación.
Los documentos judiciales señalan que consultó el expediente de la investigación al menos 44 veces, descargó fotografías de la joven y averiguó su domicilio.
El juez Matthew Braner, del Tribunal Superior de San Diego, señaló en su fallo que Wilson accedió a la información de la adolescente infringiendo las políticas del condado “porque temía ser identificado —o haberlo sido ya— como el agresor, y creía que podría eludir su descubrimiento si conocía el avance de la investigación”. El juez indicó que dicha motivación no estaba relacionada con sus funciones policiales.
Wilson fue acusado penalmente, se declaró culpable y fue condenado en octubre de 2018 a un año de cárcel. Asimismo, se le obligó a registrarse como delincuente sexual.
Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito señaló en su dictamen, emitido el lunes, que aunque las acciones de Wilson pudieron haber surgido de motivaciones personales, el jurado podría determinar que actuaba dentro del ámbito de su empleo; esto se debe a que acceder a tales registros formaba parte habitual de su trabajo y podía considerarse “razonablemente relacionado con las tareas para las que había sido contratado”.
El panel sostuvo que un jurado razonable podría concluir que era previsible el riesgo de que los agentes hicieran un uso indebido de su acceso a dicha información.
“Un jurado podría concluir que el acceso de Wilson al expediente de investigación de Jane Doe estaba razonablemente relacionado con las funciones que el condado encomendaba a los agentes de custodia o, alternativamente, que la decisión del condado de otorgar a dichos agentes un amplio acceso a información confidencial de investigaciones hacía que el uso indebido de ese acceso fuera razonablemente previsible, dadas las operaciones del departamento del sheriff”, señala la opinión del panel. “Dado que las pruebas respaldan cualquiera de estas inferencias, la cuestión de si Wilson actuó dentro del ámbito de sus funciones laborales corresponde al jurado, y no al tribunal mediante una sentencia sumaria”.
Joseph McMullen, uno de los abogados de Jane Doe, declaró al Union-Tribune que tanto él como su clienta estaban satisfechos con el fallo del lunes, el cual supondrá la devolución del caso al Tribunal Superior de San Diego para que continúe su curso hacia el juicio.
“Esto restablece la oportunidad de exigir responsabilidades al condado por no proteger la información privada y las fotografías más confidenciales de las víctimas de delitos en San Diego”, dijo McMullen al Union-Tribune. “En esencia, el litigio se reanuda desde el punto en que se dictó originalmente la sentencia sumaria”.
McMullen afirmó que las pruebas del caso demostraban que los agentes de custodia de la Oficina del Sheriff “curioseaban habitualmente en expedientes de investigación confidenciales por puro entretenimiento” y que dicha oficina disponía de la tecnología necesaria para impedir tales intrusiones, pero decidió no utilizarla.
Señaló una parte del fallo de apelación en la que los magistrados escribieron: «Un jurado razonable podría concluir que el condado permitió deliberadamente que los agentes de custodia tuvieran un amplio acceso a información confidencial de la investigación, basándose principalmente en políticas —en lugar de restricciones tecnológicas— para evitar el uso indebido».
El condado no respondió el martes a una solicitud de comentarios sobre el fallo de apelación.
“Esperamos con interés la oportunidad de presentar este caso ante un jurado y pedirle que responsabilice al condado por permitir que el expediente de investigación de una víctima de agresión sexual infantil se convirtiera en una fuente de entretenimiento morboso para los empleados de la cárcel de Vista”, declaró McMullen.
Hasta el martes, no se habían fijado nuevas fechas de audiencia para el caso en el Tribunal Superior.
Alex Riggins, redactor del Union-Tribune, colaboró en este artículo.
Original Story
Appeals court rules San Diego County was improperly dismissed in lawsuit involving sheriff’s deputy
